La LXII Legislatura del estado aprobó el pasado jueves 12 de junio, en sesión express de apenas 57 minutos, la reforma al Código Penal estatal que tipifica el delito de “ciberasedio” –mejor conocida como “Ley Censura”– sin consulta previa, publicada al día siguiente y vigente a partir del sábado 14 de junio.
Organizaciones como Artículo 19, la Red de Periodistas de Puebla y Sociedad Civil México han advertido que la ley es imprecisa y plantea riesgos reales de arbitrariedad o censura, especialmente contra periodistas, activistas o voces críticas.
“Los delitos que incorpora incumplen principios de derechos humanos y libertad de expresión… podrían criminalizar actividades periodísticas o ciudadanas legítimas”.
El Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) consideró que el proceso express fue parcial y sin análisis técnico ni participación ciudadana real.
Ante la fuerte presión, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció este domingo, a través de X, la realización de foros y parlamento abierto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, periodistas, asociaciones y colegios de abogados para “analizar el impacto” de la reforma.
Sin embargo, su postura no incluye ni veto ni reversión de la norma. Aseguró que la ley no está dirigida contra nadie sino para “proteger derechos fundamentales” —un giro tardío que, aunque aparece constructivo, llega después de la publicación y entrada en vigor del decreto.
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